La dictadura en Nicaragua no responde a las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que se les permita regresar al país a constatar las denuncias que se hacen organizaciones civiles y familiares de víctimas de la represión, sobre que no han cesado los abusos a los derechos humanos.
Antonia Urrejola, segunda vicepresidenta de la CIDH y relatora para Nicaragua, explicó que han sido constantes las formas por escrito, en las audiencias públicas en las que el organismo que abordado la crisis de derechos humanos en el país, así como en las entrevistas a funcionarios del régimen en la que han solicitado responder a los señalamientos de abusos, en que han reiterado el pedido de permitir la entrada a los equipos de la Comisión. La respuesta de la dictadura de Daniel Ortega y Murillo ha sido el silencio.
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«No tengo contabilizado cuántas veces se ha pedido, pero lo hacemos permanentemente y en los mismos comunicados (sobre la situación en Nicaragua) siempre hemos insistido, no solo que el Meseni vuelva a Nicaragua, sino que el mismo Estado de Nicaragua se vuelva a abrir al escrutinio internacional», respondió la comisionada Urrejola al ser consultada por LA PRENSA.
Urrejola participó en una conferencia virtal el martes 21 de julio, en la que se presentó el Monitoreo Azul y Blanco, una nueva plataforma de un equipo interdisciplinario de personas, organizaciones defensoras de derechos humanos, de redes territoriales, activistas en redes sociales, organizaciones de familiares de personas presas políticas y personas excarceladas.
El 19 de diciembre del 2018 la dictadura, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expulsó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) junto con los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la CIDH.
Ese acto respondió a que al régimen consideró «injerencista» e «información falsa» el demoledor informe sobre la investigación acerca de los asesinatos ocurridos en el período del 18 de abril al 30 de mayo, en el contexto de las manifestaciones sociales. Los crímenes fueron calificados de lesa humanidad por el GIEI y el Meseni, siendo responsabilizado al Estado de Nicaragua de ellos.
En agosto del 2018 ya se había expulsado a la misión de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), luego del informe donde se denunció el «alto grado de represión» de las protestas contra el régimen de Ortega, que dejó, al menos 328 asesinatos.
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Ortega ha cerrado todo diálogo con los organismos internacionales, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual la CIDH es un órgano independiente. A una comisión de alto nivel diplomático de la OEA se le negó ingresar a Nicaragua a pesar de que su misión era coadyuvar a solucionar la crisis sociopolítica que existe desde hace más de dos años.
La comisionara Urrejola señaló que el régimen debe retomar su contacto con la comunidad internacional y aceptar la ayuda que se le brinda para poner fin a la crisis.
«Nos parece fundamental por transparencia, sea a través del Meseni, la CIDH, sea a través de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, nos parece que lo fundamental que un régimen democrático esté abierto al escrutinio internacional. Pero la verdad es que no hemos tenido respuesta», afirmó la vicepresidenta de la Comisión.
La participación de organizaciones internacionales será importante es las eventuales elecciones nacionales en Nicaragua en noviembre del 2021. Permitir una amplia presencia de los organismos externos sería una demostración de transparencia del proceso electoral, opinó Urrejola.
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«Nicaragua ahora va a enfrentar un proceso de elecciones, el escrutinio internacional en un ambiente de confianza absoluta hacia los distintos poderes del Estado, es fundamental y por lo tanto, si el gobierno quiere dar garantías de transparencia, hay un montón de medidas en materia electoral, pero una que me parece crucial es volver al escrutinio internacional», afirmó la comisionada Urrejola.
